Aprobación de la ley de transparencia, permitirá mayor rendición de cuentas

Con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, habrá mayor número de sujetos obligados, así como obligaciones en la materia con las que deberán cumplir éstos, lo que significa que  la información oficiosa que tiene que hacerse pública a la ciudadanía prácticamente se duplicará, así lo dio a conocer Elba Estudillo Osuna, Consejera Ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), en el proyecto de gobierno y parlamento abierto.

Esta nueva Ley fue una iniciativa de la Comisión de Transparencia que ya tenía iniciativas de diversas bancadas e integra las bases de gobierno abierto y al haber más sujetos y obligaciones representará mayor conocimiento, involucramiento y participación de las partes implicadas.

Para el proyecto de Ley realizado por el ITAIPBC se abrió la discusión de la ciudadanía y se realizaron foros en los municipios con diversos actores, con un registro de 227 propuestas y la participación de aproximadamente 600 personas en todo el estado; terminada la consulta, la Mesa Técnica de Trabajo en coordinación con el Congreso del Estado avanzaron en este anteproyecto y una vez concluido fue turnado a la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para darle el cauce legal, explicó.

Esta Ley armoniza con la Ley General de Transparencia, y establece que los partidos políticos, sindicatos y personas físicas o morales que reciban o administren recursos públicos son sujetos obligados, directos o indirectos. 

Además, se establecen dos tipos de sanciones, de las cuales una corresponde ejercer al instituto y se trata de las medidas de apremio, que son multas para los sujetos obligados que incumplan con las obligaciones de transparencia y que no otorguen el beneficio del acceso de información; en estos casos, el ITAIPBC habría de girar un oficio dirigido a la Secretaría de Finanzas la cual cobraría el monto y que deberá ser cubierto por el servidor público con recursos propios.  

Finalmente, Estudillo Osuna concluyó que si no existe una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos acorde a la Ley de Transparencia, “es decir, que los servidores públicos tengan dentro de su propia reglamentación el deber de cumplir con nuestras obligaciones de transparencia, seguiremos quedando rezagados en el cumplimiento de la ley”.