Presenta Gobierno Federal iniciativa para controlar deudas estatales
Con la intención de introducir y hacer valer los principios de responsabilidad, orden, transparencia y sustentabilidad financiera en materia de deuda pública, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una serie de iniciativas de legislación secundaria sobre la Ley de Disciplina Financiera para la Entidades Federativas y los Municipios (LDF).
La reforma facultará al Congreso de la Unión para legislar sobre reglas de presupuesto, endeudamiento y transparencia aplicables a los gobiernos estatales y municipales.
“El objetivo es lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos y una correcta rendición de cuentas en el ámbito local, lo que constituye también una demanda sentida de la población mexicana”, precisó el presidente Peña Nieto.
El ejecutivo detalló que la propuesta reglamentaria para darle operatividad a la LDF (que entró en vigor el 27 de mayo) está divida en cinco apartados:
El de Reglas y Estándares de Disciplina Financiera, que establecerá mecanismos de control que buscarán que los ingresos y egresos estén en sano equilibrio, e igualmente propondrá limitar el crecimiento del gasto en servicios personales; aportar recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales; priorizar la autorización de ingresos excedentes en la amortización de deuda y fortalecer la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.
El apartado de Nuevas Obligaciones para la Contratación Responsable de Deuda, señala que los créditos sólo podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Además, la contratación requerirá la aprobación de la mayoría calificada en la legislatura estatal correspondiente; la deuda deberá transparentarse y destinarse hacia inversión pública o a la mejora del perfil crediticio del gobierno local; y los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados tres meses antes de que termine la administración del gobierno que solicite el préstamo.
Se creará un Registro Público Único, donde los gobiernos deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras (incluyendo las de las Asociaciones Público-Privadas) y al cual tendrá acceso todo el público a través de diferentes páginas de Internet.
Se establecerá el Sistema de Alertas de Deuda Pública de Entidades Federativas, Municipios y Entes Locales, que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de endeudamiento.
Y finalmente, se establecerán los procedimientos y condiciones que deberán cumplir los gobiernos locales para contar con una estatal garantizada, es decir que tendrán la oportunidad de obtener créditos con el aval de la Federación.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, recalcó que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han tomado diferentes medidas complementarias para fortalecer la hacienda de los estados y municipios.
Videgaray promovió el fortalecimiento de las participaciones federales, señalando que en el periodo de enero a julio han estado 15 mil millones de pesos por arriba de lo programado conforme a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, subrayando además que dichas participaciones se han entregado con puntualidad.
También destacó la reforma a la nómina educativa que permite que ahora sea el Gobierno Federal quien asuma el pago a los maestros federalizados, resaltando que “este proceso termina de fondo con una de las presiones más importantes que vivieron las haciendas estatales durante los últimos años”.
“Estamos seguros que el Congreso de la Unión, que ha atendido este problema con creatividad, talento y responsabilidad, habrá de conocer y estudiar con igual dinamismo esta iniciativa”, expresó el secretario.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Moreno Rivera, destacó que durante el proceso de legislación no ha habido filias partidistas y se trabajó eficazmente para evitar el endeudamiento indiscriminado y en casos irresponsable de varios gobiernos, apuntando que la deuda estatal haciende al 3.1% del PIB, lo cual rebasa el presupuesto federal destinado a la educación.
“Hay entidades federativas cuyas deudas alcanzan más del 100% de sus participaciones federales. El interés de atender este tema se vio reflejado en los planteamientos realizados al inicio de la legislatura, por lo que se realizó un arduo trabajo que concluyó en una reforma constitucional que combatirá esta grave problemática de las finanzas públicas”, concluyó.
