Al tiempo de anunciar un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, el presidente de la República designó hoy a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública.
El primer mandatario informó que ha dado indicaciones al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de “reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética”.
Peña Nieto recordó que la corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar. “La corrupción no ha mejorado en el país, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de cero a 100. La corrupción es un problema para todos los países, no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas”.
Las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés anunciadas hoy por el presidente son:
1.- A partir de mayo, los servidores publicarán una declaratoria para evitar cualquier posible conflicto de interés.
2.- Se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés.
3.- Se emitirán reglas para la Secretaría de la Función Pública que agudicen los códigos de ética.
4.- Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y funcionarios que deciden licencias, concesiones y permisos, la SFP definirá los lineamientos claros y específicos que los servidores públicos deberán seguir.
5.- Todas las dependencias de la administración pública federal tendrá hasta abril para identificar el nivel de responsabilidad que los funcionarios tengan además de someterlos a una certificación.
6.- Se acelerará la operación de ventanilla única para los trámites federales del gobierno. Deberá incluir los trámites de la administración pública más solicitados por la población, lo que reducirá espacios de corrupción.
7.- La lista pública de proveedores sancionados será más completa y detallada.
8.- Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y corrupción.