Supervisa edil operación de alcoholímetros en Tijuana

 
El presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Genaro de la Torre, realizaron un recorrido de supervisión por algunos de los alcoholímetros instalados en la ciudad.

El edil manifestó que Tijuana es un ejemplo a nivel estatal, en el sentido de que este programa lleva varios años establecido, y comentó que todos los oficiales que participan dentro del alcoholímetro tienen cámaras; esto para seguridad de los propios ciudadanos.

Astiazarán añadió que en cada punto de revisión está presente un juez municipal, un representante de la sindicatura y un miembro del CCSP.

“Cada vehículo que se detiene con una persona intoxicada es un riesgo menos de que fallezca una persona o de que se le ocasione una discapacidad permanente. Estos proyectos van a continuar y habría que analizar si tenemos que tener sanciones más elevadas. Queremos ser muy transparentes por lo que computarizamos todo y si hay antecedentes o la persona es reincidente sí se consigna al ministerio público”, dijo.

Genaro de la Torre, presidente del CCSP, señaló que el organismo apoya totalmente este tipo de programas, precisando que debe no debe de haber tolerancia ante quienes pongan en riesgo la vida de otros ciudadanos y de sus familias.

De la Torre condenó las acciones de quienes advierten sobre la localización de los alcoholímetros en redes sociales, exponiendo que se hacen cómplices de las lesiones y muertes que provocan los conductores ebrios.
Además aseguró que el Consejo realiza un trabajo de vigilancia para asegurar que no se violen los derechos de los ciudadanos.

“Buscamos que los ciudadanos sean atendidos amable y respetuosamente. Queremos que la policía actúe de acuerdo a lo que el reglamento señala pero aquel que no esté cumpliendo con la ley tendrá que pagar las consecuencias”, indicó.

El presidente del CCSP hizo hincapié en que las multas deberían de ser un poco más rigurosas ya que “hay algunas personas que nada más no entienden”, por lo que consideró prudente adicionar a la multa algún tipo de servicio social obligatorio.

Astiazarán agregó que está de acuerdo en que no es suficiente el pagar una multa, apuntando que “habría que agregar un compromiso de trabajo comunitario, e incluso se podría valorar la posibilidad de que la persona sea detenida y encarcelada por un mínimo entre 12 y 24 horas”.