Las tres propuestas que debate México para regular el uso de marihuana

El amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó para que cuatro personas pudieran producir y consumir marihuana, detonó el debate entre los legisladores del país sobre la regulación, legalización y despenalización del popular psicoactivo.

Recientemente se presentaron tres nuevas iniciativas en el Congreso mexicano que ofrecen regular el manejo de la hierba de las siguientes formas: o permitiendo su uso medicinal, su uso recreativo, o la libre producción y venta.

Aunque todavía falta y no hay certeza sobre los resultados que la discusión vaya a producir, pero como las posibilidades no dejan de ser interesantes desde el punto de vista de los negocios y la industria que detonaría de oficializarse alguna de las propuestas, te explicamos en qué consiste cada una:

1.- Uso medicinal:

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, propuso que los sistemas públicos y privados de salud pudieran utilizar cannabis en el tratamiento médico de pacientes.

Díaz citó estudios que han resaltado la efectividad de la planta para tratar el dolor agudo, malestares vinculados a afecciones del sistema nervioso, la migraña y el glaucoma.

La senadora propone modificar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición del uso de cannabinoides sintéticos y tetrahidrocannabinol, y además podrían ser importadas preparaciones terapéuticas de cannabis hasta por 10 kilogramos.

“Con la presente iniciativa, únicamente se permite la importación del medicamento, por lo que seguirá prohibida su producción en territorio nacional”, apuntó la senadora Díaz en su propuesta, pero reconoció que puede generar al corto plazo leyes de producción medicinal nacional.

2.- Uso medicinal, recreativo y científico:

Propuesta por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mario Delgado, Luz María Beristain, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles, Isidro Pedraza, Zoé Robledo y Raúl Morón; la iniciativa plantea tres usos para la marihuana y sus compuestos: medicinal, recreativo y científico.

Los legisladores consideran que debido a la evidencia científica que demuestra que el consumo de la marihuana no supone un riesgo importante para la salud y no es un factor determinante en la comisión de delitos, es “desproporcionado” que haya una ley que prohíba su uso, y plantean permitir cosechar, preparar, poseer, portar y consumir.

Cabe resaltar que, bajo esta propuesta, las personas no podrían realizar actos de comercio.

Para el uso científico y de investigación, la ley permitiría “desarrollar investigación médica que antes estaba prohibida”, indican.

3.- Producción y venta:

Una tercera iniciativa, planteada por los diputados perredistas Fernando Belauzarán y Miguel Alonso, propone al Congreso crear la Ley General para el Control del Cannabis.

Esta legislación es la más amplia, pues los legisladores argumentan que a pesar de que las sustancias han sido prohibidas, se continúan produciendo, distribuyendo, vendiendo y consumiendo dentro de los mercados “negros”, así que su propuesta abarcaría la regulación de la producción, distribución, venta y consumo de la hierba y sus productos derivados.

Proponen que por cada hectárea cultivable el gobierno federal aplique una tarifa anual de $32 mil pesos; por cada fábrica o laboratorio, $60 mil; por farmacias con permiso de venta, $20 mil; y $3 mil para el autoconsumo.

Los productores y procesadores tendrían prohibido participar en la distribución y venta, por lo que solo serían el eslabón de suministro en la cadena de esta industria. A su vez, quien realice la venta, no podría participar en el proceso de producción.

Las personas que produzcan su propia cannabis tendrían que obtener una licencia. La ley permitiría crear clubes de cannabis de mínimo 15 personas, donde haya producción y consumo exclusivamente interno.

Estaría prohibida la venta de hierba un kilómetro de escuelas o centros infantiles y quienes falten a estas leyes serían sancionados conforme a lo establezca el Código Penal Federal, además de que la Secretaría de Salud realizaría campañas de concientización sobre “los efectos físicos y psicológicos del abuso en el consumo de estupefacientes”.