Con prestaciones, sólo tres de cada 100 trabajadoras del hogar
En sus manos sostiene un folleto que expone la importancia de que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues las trabajadoras del hogar podrían, como tantos otros empleados, gozar de los derechos a la seguridad social, un salario, vivienda y retiro digno.
“Ojalá se ratificara (…)”, pide la señora María Gabriela Ramírez Cruz, quien ha dedicado 35 años de su vida a asear los hogares de sus empleadores, e incluso a cuidar niños, personas enfermas y con alguna discapacidad, sin tener un contrato y en condiciones de precariedad, bajos salarios y nulas prestaciones laborales.
Sentada en una de las bancas del Jardín Pushkin, ubicado en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, muestra el folleto del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), la primera agrupación en su tipo instalada en 2015, que orienta y busca cambiar todas esas condiciones “infrahumanas”.
En el impreso también se ve el dibujo de una mujer que da la espalda mientras permanece de pie y, al mismo tiempo, en sus manos lleva dos baldes de agua. Aunque es imposible mirar su rostro, puede percibirse su cansancio. Éste es, quizá, el escenario de muchas de ellas.
En México existen casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 90 por ciento son mujeres, revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La cifra global representa casi cinco por ciento de la población ocupada en el país. Solo dos por ciento son trabajadores formales, es decir, tres de cada 100 tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Sistema de Ahorro para el Retiro, por su trabajo.
Sin embargo, el Inegi revela que el porcentaje de formalización ha disminuido casi a la mitad, al pasar de 5.15 por ciento, en 2005, a 2.65 por ciento, para 2015.
Este asunto es el que más preocupa a Ramírez Cruz, una mujer de 45 años de edad, 1.40 metros de altura, delgada y tez morena clara. Sencilla en su vestir, pero segura en hablar del tema porque ahora es también promotora de los derechos laborales.
“Nos interesa contar con seguridad social porque parte de nuestros derechos están ahí”, enfatiza, al explicar que la mayoría de ellas dejarán de trabajar al llegar a la edad adulta sin recibir una pensión o posiblemente decidan seguir en la misma u otra fuente laboral informal.
Leyes inequitativas
La situación es preocupante porque “en México no hemos sido capaces, ni en términos sociales ni de políticas públicas, de reconocer el valor de su trabajo y de remunerarlo de manera equitativa”, reconoce Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Señala que la Ley Federal del Trabajo (LFT), aprobada en 1970, reconoce solo algunos de los derechos de esta la población. Los artículos 21, 76, 87 y 170, por ejemplo, establecen que haya un contrato escrito, vacaciones pagadas cada año para quienes tengan más de 12 meses de servicio, aguinaldo de por lo menos 15 días de salario, licencia de maternidad e indemnizaciones.
La funcionaría acota que si bien estos derechos existen, lo conveniente es ejercer más presión para hacer cumplir las obligaciones de los patrones; sobre todo porque todavía nueve de cada 10 trabajadores carecen de un contrato formal y muchos terminan el año sin aguinaldo.
A esto se le debe sumar que el capítulo XIII de la LFT expone una serie de artículos discriminatorios. El Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución del trabajador puede ser en especie -alimentación o habitación-, lo que resulta excesivo en términos de la OIT, organización que recomienda como máximo 33 por ciento.
Mientras que el Artículo 333 establece una jornada diaria de hasta 12 horas, pues sugiere nueve horas de descanso consecutivo y tres horas a lo largo del día. Esto es contrario a las ocho horas que están estipuladas para muchos trabajadores y, en caso de trabajar una más, debe tener un pago extra, acentúa.
Haas Paciuc refiere que el otro obstáculo está en la Ley del Seguro Social, porque las excluye de la inscripción obligatoria, es decir, para ser dadas de alta implica hacerlo de manera voluntaria y no contempla el acceso al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Tampoco incluye preexistencias médicas ante cualquier enfermedad, secuela de accidente, cirugía u otra condición de salud, uso de las guarderías ni ayuda económica (pensión) después de concluir su vida productiva.
Todo esto era ignorado por María Gabriela, la mayor de ocho hermanos, pues -cuenta- murió su papá cuando ella apenas tenía 15 años de edad y abandonó la preparatoria para hacer lo mismo que su mamá: trabajar en las casas.
A su corta edad asumió la responsabilidad de dar sustento, alimento, vivienda y estudios a sus hermanos, de quienes -dice- le costó demasiado separarse porque su primer empleo fue de planta. “Pero le eche ganas porque un día me llamó mi hermana para decirme que no tenían nada para comer”, expone entre lágrimas y la voz cortada.
Su hija Elsa Gabriela, de 18 años de edad, es hoy su “motorcito” de lucha. Ella la llevó a los talleres de derechos humanos laborales impartidos en el Sinactraho, le pidió pelear por todo lo que corresponde como trabajadora y la apoyó para terminar sus estudios de
