Reforma eléctrica de AMLO vulnera tratados comerciales y reputación de México: BBVA
Aprobar la reforma constitucional al sector eléctrico, enviada por el Ejecutivo Federal, en los términos en que se presentó al Congreso, implicaría poner en riesgo para la reputación del país y los tratados internacionales, aseguró BBVA México.
En un análisis, el banco dijo que los cambios propuestos en la reforma a la Ley de Industria Eléctrica (LIE) y la iniciativa de reforma a la Constitución, vulneran ciertos capítulos de los tratados internacionales como es el de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) que son unos de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión.
Toda vez que mañana iniciará la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; si bien, el gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector eléctrico como Pretende; sin embargo, estas acciones vulneran lo establecido por los tratados comerciales, por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el daño tanto a la reputación del país como socio confiable, como al ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Así, explicó que el marco institucional que al día de hoy dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto.
“Asimismo, dichas reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio – los cuales bajo ley mexicana están a la par de los derechos otorgados por la Constitución Mexicana – en la medida que evidentemente vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México”, refirió.
